Créditos bancarios impulsaron a los sectores de mayor crecimiento 2015

El gremio bancario afirma que la contracción del crédito en la agropecuaria se debió a múltiples factores, como la sequía, la propagación de plagas y enfermedades, que inhibieron las exportaciones de algunos rubros.

El dinamismo del crédito privado en la mayoría de los sectores contribuyó directamente a la expansión de los sectores con mayor incidencia en el crecimiento de 7.0%  del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2015, el más alto en América Latina.

El planteamiento fue hecho por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) en un análisis elaborado por su Dirección Técnica, que explica el crecimiento y la orientación del crédito a los sectores productivos por parte de las entidades de intermediación financiera durante el año pasado.

“La mayoría de las actividades productivas han venido beneficiándose, de forma importante, del aumento de recursos provistos por las entidades de intermediación financiera, en función de las posibilidades de crecimiento de cada sector en el transcurso del tiempo”, refirió el gremio de la banca múltiple.

En ese contexto, sostuvo que el crecimiento de la cartera de crédito en 2015 fue de RD$87.9 mil millones, de los cuales se destinaron RD$6.7 mil millones a la industria manufacturera; al sector hotelero, RD$ 6.1 mil millones; microempresas, RD$5.7 mil millones; construcción, RD$1.0 mil millones y explotación de minas, RD$0.6 mil millones, entre otros.

El análisis indica que a las actividades que demandan bienes y servicios de los sectores productivos, como son los préstamos al consumo (tarjetas de crédito y otros préstamos), al comercio y a la adquisición de viviendas, se destinaron RD$33.1 mil millones, RD$27.8 mil millones y RD$18.1 mil millones, respectivamente.

“En un año se puede observar que el crecimiento de la cartera de crédito puede estar concentrado en los sectores que en ese momento estén impulsando el crecimiento de la economía, y en otro posterior, la orientación puede variar, canalizando recursos en mayor medida, hacia otras actividades responsables del estímulo económico”, argumentó.

Subrayó, asimismo, que la banca canalizó una gran cantidad de recursos a sectores vinculados al consumo y la inversión privada. “En ese sentido, cabe destacar el crecimiento del crédito en términos reales de los sectores microempresas (31.0%), consumo (16.8%) y adquisición de viviendas (12.8%)”, comentó.

Contracción en la agropecuaria

La ABA explicó que la contracción del crédito al sector agropecuario en RD$2,800 millones en 2015, por parte de la banca múltiple, se debió a distintos factores negativos que afectaron la evolución de esa rama de producción de la economía nacional.

Refirió que la sequía, con efectos que todavía están vigentes, la propagación de plagas y enfermedades, así como el impasse comercial con Haití, influyeron en la reducción de la financiación a la agropecuaria.

Recordó que el sector también sufrió la veda, de parte de Estados Unidos, a rubros agrícolas de exportación afectados por la mosca del mediterráneo, mientras  que cultivos como la caña de azúcar, maíz en grano, frijoles y habichuelas, guandules, plátanos y frutas cítricas experimentaron decrecimientos durante los tres primeros trimestres del año de (-5.5%), (-10.7%), (-28.1%), (-21.2%), (-8.4%) y (-13.3%), respectivamente.

“El conjunto de estos elementos causales afectaron al sector con un decrecimiento de un (-0.5%), ya en ese período del año, aspecto que explica por qué las EIF no canalizaron más recursos a dicho sector, como venía ocurriendo en años anteriores, al quedar afectada su generación de ingresos, rentabilidad y su capacidad para mantener los niveles de financiación”, argumentó la ABA.

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¿Por qué existe el Secreto Bancario?

“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Pacto San José, Artículo 11

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María Pezzotti Harper/ABA

  1. Fundamentos del Secreto Bancario.-

El secreto bancario se define como la obligación de confidencialidad que recae sobre los bancos y las entidades de intermediación financiera (EIF) de proteger las informaciones personales de sus clientes, y especialmente los datos relativos a los fondos que se reciben por parte de ellos. Únicamente pueden estas instituciones compartir informaciones de sus clientes cuando éstos así lo autorizan de manera expresa. Lógicamente, este concepto nace de la confianza que depositan los clientes en las instituciones financieras en las cuales descansan sus depósitos, y es por esto que mediante el mismo se procura el respeto a dicha confianza, la cual constituye la base del sistema bancario en general.

En la República Dominicana, este concepto se encuentra establecido en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, la cual en su artículo 56 literal b señala:

Además de las obligaciones de confidencialidad derivadas de las buenas prácticas y usos bancarios, las entidades de intermediación financiera tienen la obligación legal de guardar secreto sobre las captaciones que reciban del público en forma desagregada que revele la identidad de la persona. Sólo podrán proporcionarse antecedentes personalizados sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente por cualesquiera de los medios fehacientes admitidos en Derecho”.

De lo anterior se desprende que, en adición a ser un elemento esencial de las buenas prácticas bancarias y contrario a lo que en ocasiones se desconoce, el secreto bancario constituye una obligación legal que debe ser acatada por las EIF, y asimismo se percibe como un derecho inherente a los usuarios del sistema financiero. Justamente, son los depositantes los que se benefician de la existencia del secreto bancario, y es en protección de ellos que el mismo se origina y fundamenta.

En el marco internacional, este concepto se enmarca en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), el cual consagra el derecho de protección de las personas respecto de su honra e intimidad: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), interpretando este derecho, señala lo siguiente: “El ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública”, y dispone que el mismo comprende el “tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público”.[1]

Más aún, en el Caso Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina la Corte IDH explicó que la obligación de los Estados de protección de la honra e intimidad de las personas no solamente implica la abstención de injerencias arbitrarias en su vida privada, sino que además impone al Estado “el deber de brindar la protección de la ley contra aquellas injerencias”. Asimismo, indica la Corte que debe el Estado garantizar este derecho mediante acciones positivas, como la adopción de “medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones privadas”.

Aplicando la interpretación del derecho a la privacidad que ha realizado la Corte IDH al ordenamiento interno de la República Dominicana, se desprende que el país observa este derecho a través de la Ley Monetaria y Financiera, la cual ha incluido en el citado artículo 56 la protección del secreto bancario en favor de los usuarios, en aras de protegerlos en su intimidad y vida privada.

Por su parte, la Constitución Dominicana promulgada en enero del 2010 dispone en su artículo 44, numeral 3, lo siguiente:

“Artículo 44: Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto:

3) Se reconoce la inviolabilidad de la correspondencia, documentos o mensajes privados en formatos físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Sólo podrán ser ocupados, interceptados o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de lo privado, que no guarde relación con el correspondiente proceso”.

  1. Evasión Fiscal y Lavado de Activos.-

A través de los últimos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)[2] ha impulsado diversas acciones en aras de que los Estados puedan hacer frente a la evasión fiscal y el lavado de activos. En dicho contexto, se ha establecido la posibilidad de levantar el secreto bancario para casos concretos y relacionados exclusivamente con estos temas.

Asimismo, en el Informe denominado “Mejorar el Acceso a la Información Bancaria por Motivos Fiscales”, emitido por el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, en relación a las modalidades que ostentan los países para el intercambio de información con fines fiscales indica:

El caso ideal sería que todos los países miembros autorizasen a la administración tributaria a acceder directa o indirectamente a la información bancaria por cualquier motivo fiscal para que puedan cumplir totalmente su misión de recaudación tributaria y realizar intercambios eficaces de información.” “En este sentido, puede que los países deban tomar medidas progresivas para llegar al objetivo”.[3]

En virtud de lo anterior, la referida Ley Monetaria y Financiera faculta a las autoridades tributarias e investigativas del lavado de activos y financiamiento al terrorismo el poder solicitar las informaciones personales de los usuarios financieros, con el propósito de procurar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales y de evitar el lavado de activos. Y, a fin de procurar la debida protección de los depositantes sobre sus datos personales y el respeto a los Principios Constitucionales de Dignidad y Presunción de Inocencia, dicha Ley dispone lo siguiente:

Las informaciones que deban suministrar las entidades sujetas a regulación, tanto a la Administración Tributaria como a los órganos encargados del cumplimiento de la prevención del lavado de activos y a los tribunales penales de la República, deberán ser hechas caso por caso por intermedio de la Superintendencia de Bancos, tanto en lo que respecta al recibo de la solicitud de información como para el envío de la misma y siempre y cuando se soliciten mediante el cumplimiento de los procedimientos legales en la sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia.”

En efecto, tanto la ley dominicana como las normas internacionales que se refieren a estos temas son claras al señalar que el intercambio de información de carácter personal para fines de prevenir la evasión fiscal y el lavado de activos deben efectuarse en el marco de expedientes suficientemente justificados. Es decir, debe existir una investigación previamente iniciada por las autoridades investigativas, o un motivo válido que permita a las autoridades tributarias deducir que una persona determinada está evadiendo sus obligaciones fiscales, para que pueda realizarse el intercambio de los datos entre instituciones.

Con lo anterior se procura evitar que se cometa lo que en derecho norteamericano se conoce como “fishing expeditions”, término que se utiliza para describir las investigaciones que no están orientadas a un objetivo específico, sino que son iniciadas por las autoridades con el fin de intentar encontrar alguna evidencia que pueda resultar incriminatoria o interesante.

  • El Caso FATCA.-

El secreto bancario como principio no impide el cumplimiento del país respecto de sus obligaciones internacionales, y en esta ocasión debemos necesariamente referirnos a la próxima implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Ciertamente, esta ley de origen estadounidense obliga a las EIF establecidas fuera del territorio norteamericano a declarar las informaciones relativas a las cuentas de norteamericanos que residen en dichos países. El objetivo del FATCA es procurar la tributación de estas personas de nacionalidad norteamericana que no residen en los Estados Unidos de América.

Para hacer posible la aplicación de FATCA, los países suscriben acuerdos especiales de intercambio de información con los Estados Unidos de América, acuerdos que se conocen como (IGA). Nuestro país está en vías de suscribir un Acuerdo de este tipo con el gobierno norteamericano, el cual posteriormente deberá ser ratificado por el Congreso Nacional.

En la República Dominicana, la transmisión de las informaciones financieras de los usuarios se efectúa, como señalamos anteriormente, a través de la Superintendencia de Bancos, entidad facultada por la Ley Monetaria y Financiera para recibir las solicitudes de otras entidades gubernamentales y, una vez recibidos los datos por parte de las EIF, recae en la Superintendencia de Bancos el envío de los mismos a la entidad requirente. Justamente, en estos casos se levanta el secreto bancario con el fin de dar cumplimiento a este tipo de requerimientos, y así lo ha permitido la Ley Monetaria y Financiera.

En el caso de otros países de la región, la estructura del secreto bancario es aún más compleja, puesto que las legislaciones internas prohíben el suministro de las informaciones sin el consentimiento del usuario. Por ejemplo, en Chile – un país miembro de la OCDE – los depositantes pueden negarse al envío de sus datos, y en estos casos las autoridades requirentes deben proceder a la solicitud de los mismos a través de las instancias judiciales. En efecto, el proceso es el siguiente: El Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile solicita la información a la EIF, y a su vez éstas deben requerir la autorización del titular de la misma. Si el titular se niega, el banco responde sobre la negativa al SII, la cual debe entonces proceder a requerir ante los tribunales la autorización correspondiente. Solo en caso de que el tribunal apoderado considere que el requerimiento tiene lugar, puede la institución demandar la entrega de la misma ante la entidad.

Y es que a veces se pierde de vista la importancia que reviste el secreto bancario, el cual tiene por finalidad última la protección de la intimidad y la vida privada de las personas. Como señala la misma OCDE, “la protección de datos abarca los derechos y libertades fundamentales de la persona y, en particular, el derecho a la privacidad, en lo concerniente al tratamiento automatizado de datos de carácter personal”.[4] Es por esto que se mantiene el principio del secreto bancario en la mayoría de los países, y únicamente varía la estructura que permite el levantamiento del mismo, en los casos específicos que la ley de cada país lo ordena.

Referencias bibliográficas:

[1] Corte IDH. Caso Fontevecchia y D´Amico vs. Argentina. Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011.

[2] La OCDE es una organización fundada en 1961 que agrupa a 34 naciones, cuya misión constituye en la promoción de políticas que mejoren el bienestar económico y social, además de ser un foro donde los gobiernos comparten experiencias y buscan soluciones a problemas comunes.

[3]“Mejorar el Acceso a la Información Bancaria por Motivos Fiscales”, Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, 24 de marzo del 2000. Página 14.

[4] “Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y el Patrimonio, Versión Abreviada”. Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, julio 2010. Página 416.

Organismos Internacionales y su Fuente de Financiación para la Actividad Privada

Por: Alberto Imbert, Área Técnica ABA

Las instituciones financieras internacionales han seguido generando fondos o recursos financieros para el desarrollo de infraestructuras del país o para las actividades privadas, las cuales son de gran ayuda para el desarrollo socioeconómico.

Entre los organismos que participan con alternativas de financiación para la actividad privada se destacan:

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), en alianza con asociaciones empresariales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONGs),  provee asistencia técnica e inversiones para apoyar el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, mejorar las competencias laborales, y contribuir en la mejora del clima de negocios y el acceso a financiamiento.

El FOMIN ha aprobado más de 1000 proyectos, principalmente donaciones, y cuenta con más de 800 instituciones socias de la sociedad civil y sector privado. El FOMIN trabaja en los 26 países miembros del BID de América Latina y el Caribe.

La mayor parte del financiamiento del FOMIN se realiza en forma de subsidios, que pueden llegar a los US$2 millones por proyecto. El FOMIN también ofrece préstamos a largo plazo de hasta US$1 millón e inversiones de capital que pueden alcanzar los US$5 millones.

El FOMIN ayuda a desarrollar las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de la región. Su cartera global es de 80 operaciones desde su fundación con un desempeño de US$800 a US$900 millones en asistencia técnica y de US$200 millones en inversión.

El Fondo Multilateral de Inversiones ha apoyado la ejecución de alrededor de 40 proyectos de desarrollo en República Dominicana, por un monto de US$40 millones desde sus inicios en 1993, los cuales han estado orientados a pequeños productores, industrias e instituciones financieras privadas.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), institución miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es una organización multilateral fundada en 1985 con el fin de promover el desarrollo del sector privado en sus países miembros de América Latina y el Caribe, prestando una atención especial a las pequeñas y medianas empresas (PYME).

En 2014, la CII aprobó 64 operaciones por US$426,3 millones. Además, movilizó US$693,3 millones por medio de operaciones de cofinanciamiento con instituciones bilaterales y multilaterales y préstamos indicados con instituciones financieras comerciales privadas.

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) lanzó en República Dominicana el programa FINPYME ExportPlus orientado a la asistencia técnica para mejorar el acceso de las Pymes al financiamiento y su capacidad de competir en el mercado de exportación.

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Cabe mencionar otras instituciones que participan en el proceso de financiación internacional como es el caso de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del grupo del Banco Mundial,  que promueve el desarrollo sostenible del sector privado, moviliza el financiamiento en mercados financieros internacionales, proporciona consejo y asistencia técnica a los negocios y a los gobiernos.

Está conformada por 184 países miembros que trabajan en conjunto para determinar las políticas de la organización. Su labor en más de 100 naciones en desarrollo, facilita que empresas e instituciones financieras en mercados emergentes creen empleos, generen ingresos fiscales, mejoren el gobierno corporativo y el desempeño medioambiental y contribuyan a las comunidades locales.

Cabe destacar que aproximadamente un tercio del financiamiento que las instituciones financieras de fomento otorgan al sector privado de los países en desarrollo proviene de IFC.

Desde el año 1961 la República Dominicana pasa a formar parte del IFC, coordinando el desarrollo empresarial y la gestión de relaciones con los clientes de nuestro país y Haití. De donde dicho organismo ha invertido alrededor de RD$ 962.9 millones en el sector privado del país.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con su sede en Luxemburgo, viene fomentando el desarrollo y la actividad económica en el Caribe con préstamos y participaciones por valor de casi 500 millones de EUR en los últimos diez años.

Durante casi dos décadas, ha apoyado el desarrollo de microempresas y, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana. A finales de 2012, los compromisos sumaban un total de 82 millones de EUR entre líneas de crédito, participaciones y asistencia técnica a las dos principales instituciones de microfinanciación del país, ADEMI y ADOPEM, así como a una tercera institución emergente, FONDESA, lo que hace que en este país se concentre la cartera de microfinanciación más importante del BEI en las regiones de África, el Caribe y el Pacífico.

Dicha institución presta aproximadamente 80 mil millones de euros por año a nivel mundial, de los cuales más de 19 mil millones de euros son destinados a financiar las acciones contra el calentamiento global. El 10% de este monto va dirigido a proyectos de desarrollo para los 150 países socios de la Unión Europea, incluyendo a la República Dominicana y a las naciones del Convenio ACP.  También tienen en agenda el financiamiento de proyectos de energía renovable en el país.


[1] Es un fondo independiente administrado por dicho banco, creado en 1993 para promover el desarrollo del sector privado de América Latina y el Caribe.

Gráfico Educativo: Población adulta con cuenta de ahorro

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Entre 2011 y 2014, de acuerdo a estadísticas del Banco Mundial, el porcentaje de la población adulta en República Dominicana con una cuenta de ahorro en una institución financiera formal pasó de 16% en 2011 a 26.5% en 2014, ubicándose por encima del promedio de América Latina (13.5%).

Para las familias, el ahorro es muy importante ya que les permite tener recursos para enfrentar imprevistos, invertir en negocios o bienes durables como vehículos o viviendas, acumular recursos para su retiro, entre otros.

A nivel macro, los países con mayores niveles de ahorros son capaces de financiar un mayor nivel de inversión y de crecimiento económico. De ahí su necesidad de fomentarlo vía tasas de interés real positivas y la no existencia de impuestos que graven el interés que recibe el ahorrista por sus depósitos.

La regulación excesiva y la intervención directa en los mercados, ponen en riesgo el crecimiento de inclusión financiera

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Por: Departamento de Comunicaciones de FELABAN

La Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, califica de alentadora la tendencia creciente de la inclusión financiera en América Latina.

De acuerdo con la Encuesta de Inclusión Financiera realizada por FELABAN, todos los países de la región muestran avances positivos en materia de inclusión financiera.

Asimismo, el FINDEX, elaborado por el Banco Mundial con base en encuestas realizadas en 140 países, señala que en América Latina la población mayor de 15 años que poseía una cuenta en una institución formal pasó de 38% en el 2011 al 51% en el año 2014. En el mismo indicador se encuentra que Brasil (68.1%), Costa Rica (64.6%) y Chile (63.3%) son los tres países con mayores niveles de inclusión en la región.

Estos resultados, pese a ser satisfactorios muestra brechas frente a otras regiones del mundo como Asia del Sur o los países de alto ingreso pertenecientes a la OCDE, donde estos números alcanzan niveles del 69% y el 94%, respectivamente. El FINDEX registra que 13.5% de los latinoamericanos tiene ahorros en una entidad formal y el 6.9% realiza pagos o compras por internet. Este número aún dista del 51% que  ahorró o el 54% que realizó pagos por internet en los países de la OCDE.

Se ha identificado que, si bien esa mayor inclusión financiera se da en mayor medida en los países de más altos ingresos, es posible obtener resultados positivos en países de menor ingreso relativo gracias a los avances tecnológicos y de las comunicaciones y a la adopción de regulación que favorezcan estos propósitos.

A los resultados se ha llegado por los enormes esfuerzos realizados por parte de la banca en términos de inversiones e introducción de nuevas tecnologías de comunicación e informática para aproximar la población a los puntos donde se prestan los servicios financieros, al tiempo que se ofrecen más productos, más baratos y más ajustados a las necesidad de la población, incluyendo la de menores ingresos.

También a estos resultados ha contribuido el ajuste regulatorio, que ha ido facilitando la apertura de cuentas en el sistema financiero a un mayor número de usuarios.  En los últimos 8 años los cajeros electrónicos por cada 100 mil habitantes adultos pasaron de 26.5 a 45.1 en la región. Asimismo, el número de corresponsales no bancarios por cada 100 mil habitantes aumentó de 15.5 a 75.6 en el 2014. En el mismo período es notable mencionar que el crédito y el ahorro como porcentaje del producto de la región crecieron entre 9 y 11 puntos respectivamente.

Pese a todos los avances obtenidos en la inclusión financiera se consolidarían si se superan obstáculos estructurales que en nada contribuyen al logro de este propósito. Dentro de estos obstáculos se destacan los controles a las tasas de interés – frecuentes en la gran mayoría de los países de la región-  y a las comisiones y tarifas cobradas por la prestación de servicios financieros. Otro gran obstáculo deriva de la utilización del sistema financiero para recaudar impuestos vinculados a las transacciones financieras, y a giros y pagos asociados al dinero plástico. Igualmente, la utilización de la información del sistema financiero para controlar la evasión tributaria estimula la preferencia por el efectivo como medio de pago y por la realización de transacciones por fuera del sector financiero formal.

Este tipo de políticas dan origen a retrocesos en la inclusión y al racionamiento de los servicios financieros, en especial para los grupos de más bajos ingresos.

La política pública que busca mayor inclusión financiera ha venido cobrando particular vigencia a nivel mundial por el papel que cumple en el logro de crecimiento y que a éste se beneficien los segmentos más pobres de la sociedad, contribuyendo con ello al logro de una mejor distribución del ingreso.

Además, si la economía regional entra en una fase de recesión prolongada en el tiempo subsiste el riesgo de poner en peligro los avances en materia de inclusión financiera que se lograron en la última década.

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Las nuevas tecnologías, principalmente aquellas relacionadas con el uso de teléfonos inteligentes, impulsan a algunas entidades bancarias y financieras a colocarse a la vanguardia para satisfacer las necesidades y preferencias de sus clientes, abriendo las puertas a la Cartera Móvil, como uno de sus servicios más novedosos.

Según definiciones de expertos, una cartera móvil (también conocida como Mobile Wallet, en inglés) es una aplicación que permite a las personas  realizar pagos, transferencias y cobro de dinero electrónico, a través de un dispositivo móvil.

La aceptación de esta plataforma ha sido medida en un estudio llevado a cabo por la firma consultora CCG Catalyst, radicada en Phoenix, el cual arroja que el 51% de los consumidores estarían dispuestos a utilizar la Cartera Móvil en caso de que un banco la incluya en su paquete de servicios.

Asimismo, indica que el 82.8% de los encuestados posee un teléfono inteligente y que sólo el 12% de éstos no planean por el momento, utilizar alguna plataforma de cartera (de ningún tipo).

 “Los resultados del estudio ofrecen una visión de la situación actual de la adopción de carteras móviles, lo que va a ayudar a los bancos a tomar decisiones vitales alrededor de su propia adopción de carteras móviles”, afirma Paul Schaus, CEO de la compañía.

El estudio, que tiene como título “La era de las carteras móviles: ¿Qué deben saber los bancos cuándo consideren la creación de una marca de cartera móvil?”, fue dirigido a un panel de 25 millones de consumidores de Estados Unidos (entre 18 años de edad a 65 años o más) y mide las actitudes y comportamientos de los consumidores con respecto a las carteras móviles versus  las carteras móviles no bancarias.

Otros de los hallazgos de esta investigación revelan que el desafío principal para usar la cartera móvil es el miedo al robo de identidad (68,3%), seguido de la aceptación de los comercios (33,9%).

De acuerdo a la publicación, el 58.9% utiliza de vez en cuando la aplicación móvil de su banco. Mientas que, el 45% utiliza PayPal móvil, la cartera móvil más utilizada por los consumidores que participaron en la encuesta.

Agrega que más de la mitad de los encuestados (66,6%) dan seguimiento de sus gastos y pago de facturas. Por su parte, el 47,8% revisa a diario su estado de cuenta.

“Es evidente que hay un creciente interés entre los clientes en usar las carteras móviles que ofrecen las entidades bancarias, por lo que deseamos que los bancos reconozcan y cumplan esas necesidades insatisfechas de los clientes”, agrega Schaus.

Los encuestados por CCG Catalyst respondieron una serie de preguntas, segmentadas en tres temas principales: uso, comportamiento y hábitos, para lo cual se completaron alrededor de 2 mil encuestas.

Las Tarjetas de Crédito y su Rol en la Economía

Por Julio Lozano y Katherine Cabral

I. Introducción

La tarjeta de crédito es un instrumento que sirve como medio de pago para la compra de bienes y servicios, la obtención de avances de efectivo1 y/o como medio de financiamiento, comprometiéndose el tarjetahabiente con la entidad emisora a realizar un pago futuro.

El uso de las tarjetas de crédito tiene múltiples beneficios para sus usuarios, entre los que se pueden mencionar: 1) es un medio de pago fácil y oportuno que reduce las necesidades de efectivo, 2) sirve para crear historial crediticio, 3) facilita una mejor planificación financiera en el hogar, 4) otorga beneficios a través de sus programas de lealtad2, 5) ahorro de costos y tiempo al realizar pagos o compras por medio del internet, 6) para las empresas significa un pago seguro por parte de sus clientes, entre otros.

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Dados sus múltiples beneficios, en República Dominicana se ha registrado un crecimiento continuo en el uso de este instrumento. Así, entre 2008 y diciembre 2014, el número de tarjetas de crédito se incrementó en 605,651 unidades, pasando de 1,429,727 a 2,035,448 unidades3, acumulando un crecimiento de 42.4%.

Dicho crecimiento, se refleja en los indicadores de cobertura que ha alcanzado este instrumento. Así,  ya para 2014 el porcentaje de la población adulta que tiene una tarjeta de crédito en República Dominicana ascendía a un 33%4, valor que supera al promedio de Latinoamérica (22%)5.

II. Las Tarjetas de Crédito como instrumento para la inclusión financiera

El acceso a medios de pago electrónicos como las Tarjetas de Crédito y Débito contribuye a elevar los niveles de bancarización en un país, en el sentido que más personas podrán entrar al sistema financiero formal. En este sentido, la literatura económica ha demostrado que existe un vínculo entre el acceso a servicios financieros y la reducción de la pobreza6.

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En el gráfico #2 se observa que a 2014 el 46% del total de tarjetas de crédito en República Dominicana se encuentra dentro de un rango de límite entre RD$5,000-RD$15,000,  lo que refleja un alto grado de inclusión para los grupos de menores ingresos de la población.

III. Aporte de las Tarjetas de Crédito al Comercio

Por otro lado, las empresas también se benefician del uso de las tarjetas de crédito ya que con éstas sus clientes tienen mayores facilidades para realizar pagos, lo cual fomenta el comercio nacional e internacional de bienes y servicios. Lo anterior aumenta el número de clientes y mercados potenciales de las empresas.

En adición, las tarjetas de crédito representan para las empresas otra serie de beneficios que les permiten reducir sus costos operativos y administrativos, entre éstos se pueden mencionar: 1) pago garantizado por parte de los clientes; 2) gastos en seguro para protección de efectivo; 3) inversión en sistemas contables; 4) gastos de seguridad, entre otros.

En el gráfico #3, se observa como entre 2008 y 2014 el número de transacciones anuales con Tarjeta de Crédito pasó de 54.1 millones a 105.8 millones unidades, aumentando en 51.7 millones transacciones, para un crecimiento de 96%.  En términos de valor monetario, estas transacciones pasaron de RD$111,985 millones en 2008 a RD$231,050 millones en 2014, aumentando en RD$119,065 millones, equivalente a un crecimiento de 106%.

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Adicionalmente, hoy en día, las personas utilizan cada vez más el Internet para realizar sus compras y pagos de bienes y servicios. De esta forma, las personas no solamente ahorran tiempo y dinero, sino que también amplían sus opciones de consumo, accediendo a una amplia gama de  bienes y servicios tanto a nivel local como internacional de una manera conveniente y efectiva.

En este sentido, se ha observado como en los últimos años las transacciones para los pagos de bienes y servicios  vía el internet han ido aumentando. Así, se observa que para 2014 el valor de las transacciones por internet ascendió a un monto de RD$16,023.5 millones, para un total de 3.6 millones de  transacciones.

IV. Aporte de las Tarjetas de Crédito a la Economía

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Moody’s (2013)7 encuentra evidencia que el uso de tarjetas, a través de su estímulo al consumo de bienes y servicios, tiene un impacto positivo en el crecimiento económico. Lo anterior en tanto el pago mediante tarjetas produce un círculo virtuoso en la economía: el mayor consumo genera mayor demanda de bienes y servicios, lo que a su vez incentiva una mayor producción y empleo por parte de las empresas, el mayor empleo aumenta el ingreso de los hogares, lo cual les permite aumentar nuevamente el consumo.


[1] Reglamento Tarjetas de Crédito. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

[2] Entre éstos: compra de pasajes aéreos por medio de millas y obtención de descuentos en distintos establecimientos comerciales.

[3] Ver nota 1.

[4] Ver nota 2.

[5] De acuerdo al Global Findex (2014) del Banco Mundial.

[6] Marulanda, Beatriz; Paredes, Mariana & Fajury, Lizbeth. Acceso a servicios financieros en Colombia: retos para el siguiente cuatrienio (2010).

[7] Zandi, Mark. Singh, Virendra. Irving, Justin. The Impact of Electronic Payments on Economic Growth. Moody’s Analytics. Febrero 2013.